Nos
hemos convocado en esta Plaza de la Constitución con la angustia y la
preocupación que nos impregna a causa de la violencia instalada en nuestra
ciudad.
Nos
preocupa el funcionamiento de la Unidad Fiscal Villa Constitución.
Nos
preocupa el accionar de los tribunales de nuestra ciudad, en lo que refiere a
la aplicación de la justicia penal y correccional.
Es la percepción de los vecinos de la ciudad
que, si bien la Unidad Fiscal ha venido trabajando acorde a su obligación y
compromiso con el cumplimiento de la Ley, y tratando de mantener las garantías a los derechos de los acusados y
el debido proceso, situación
imprescindible para no permitir que sean impugnadas las actuaciones, existe en
los últimos tiempos una preocupante tendencia a que distintos procesados por
diversos delitos retornen a las actividad delictiva con sorprendente rapidez.
Por
otra parte también sentimos, que nuestro sistema de administrar justicia,
principalmente en lo que a lo penal y correccional se refiere, no funciona
acorde a las expectativas de la sociedad.
Naturalmente, somos plenamente conocedores de
que hasta que se pruebe la culpabilidad de un sospechoso de un delito, mediante
un juicio o confesión, los mismos deben permanecer en libertad, salvo que
exista peligro de fuga o de perjudicar la investigación. Sin embargo, algunos
episodios no parecen estar encuadrados en esta perspectiva y ni siquiera en lo
que la jerga común ha denominado un “exceso de garantismo” o “puerta
giratoria”.
Por el contrario, parece existir algún
impedimento para que el Ministerio Público de la Acusación pueda llevar
adelante su misión. Nos preguntamos entonces ¿Se debe esto a las carencias que
conocemos? ¿Se trata de los crónicos problemas a la hora de recolectar pruebas
y testimonios? ¿Se trata de una saturación de las posibilidades de la Unidad
Fiscal? ¿Estamos equivocados en cuanto a esta percepción de que conocidos
delincuentes, con frondoso prontuario, siguen transitando las calles de nuestra
ciudad como si tal cosa, mientras sus víctimas padecen el temor ante la
desprotección y falta de reconocimiento de los Derechos Humanos de las
Víctimas, que deben ser respetados como lo son los de los detenidos? ¿Se debe
al recurrente y vergonzoso hacinamiento carcelario, aún no resuelto?
Entendemos
perfectamente que los jueces deben ser los custodios de las libertades de todo
ciudadano, y que por lo tanto se deben mantener a rajatabla las
garantías a los derechos de los acusados y el debido proceso, situación imprescindible para
no permitir que sean impugnadas las actuaciones. No obstante queremos hacer
notar que los Derechos Humanos de los sospechosos no son los únicos que deben
velarse. Es necesario salvaguardar los Derechos Humanos de las Víctimas de
Delitos, objetivos que no se están alcanzando.
Las
Víctimas de Delitos sienten que no hay justicia si aquellos que los han
sometido a su violento accionar se muestran como si tal cosa frente a
ellos, o continúan delinquiendo
impunemente. Las Víctimas de Delitos se sienten abandonadas si sus victimarios
las amenazan para que no aporten testimonios en su contra. Las Víctimas de
Delitos descreen de nuestro sistema judicial
si pasa el tiempo y no se llega a resolver su causa ni se muestra
interés por investigar o desconocen lo que ha sido de las averiguaciones
También
la situación como se maneja el problema de los menores entregados a la práctica
delictiva es preocupante. En estos casos devolver rápidamente a un menor a un
entorno que no es el mejor no soluciona nada. No es restituyendo a los menores rápidamente
a un entorno que lo perjudica, llevándolo al delito, que lograremos su
bienestar. Si no existen las condiciones para dar mejor solución es el deber de
los funcionarios reclamarlos al Estado que es el garante en última instancia.
Esperamos
que la justicia penal y correccional pueda evitar la conducta de algunos
miembros de nuestra sociedad que, de distintas formas, van destruyendo
paulatinamente la tranquilidad y pacífica convivencia de las personas. Por otra
parte la justicia no puede tener demoras que parecen eternas en resolver los
casos que se presentan. Entendemos que si la justicia no actúa con rapidez, si
los procesos demoran meses o años, no se alcanza el ideal de justicia. Ni para
los sospechosos y mucho menos para las víctimas de delitos. Esa demora, y el
hecho de la velocidad con la que los sospechosos de delitos violentos vuelven a
ganar la calle, han generado esta sensación, que encontramos, de inacción por
parte de la justicia.
Tampoco
puede ser aceptable que desde las fuerzas de seguridad y los espacios de la
justicia se instale, para calmar a la población, un “chivo expiatorio”, como ha
ocurrido en numerosas ocasiones, en el que se inventan causas y pruebas,
dejando libres a los verdaderos culpables.
Queremos
tener una justicia en quien confiar, que sea accesible, que garantice nuestros
derechos, que sea una columna para sostener el desarrollo de nuestras familias,
amigos, vecinos. Queremos una justicia comprometida en la búsqueda de la verdad
y no con apatía o que se convierta en una maquinaria perversa que destruye el
horizonte de futuro. Que no permita los abusos de las autoridades pero tampoco
de las mafias del delito.
