Según ONU existen en el mundo mas de 200.000 comunidades que pueden definirse como asentamientos precarios donde viven cerca de 1.000 millones de personas en los cinco continentes habitados. Según la definición de Naciones Unidas-Habitat es un grupo de personas que viven bajo el mismo techo en una zona urbana que carece de una o más de las siguientes condiciones:
- Una vivienda durable de naturaleza permanente que proteja contra condiciones climáticas adversas.
- Un espacio vital suficiente, lo que significa que no más de tres personas compartan una habitación
- Acceso fácil a agua potable en cantidad suficiente y a un precio razonable
- Acceso a saneamiento adecuado: letrina privada o pública compartida con una cantidad razonable de personas
- Tenencia segura para evitar los desalojos forzados
Un informe de Amnistía Internacional nos revela que el número de personas que viven en asentamientos precarios está creciendo de forma alarmante en todo el mundo. Entre las razones que explican este crecimiento se encuentran la desinversión en el medio rural, los conflictos armados, los desastres naturales, el cambio climático, la denegación del derecho a la tierra y a la propiedad, los desalojos forzosos masivos y la pérdida de la vivienda debido a la apropiación de tierras por parte de empresas y proyectos comerciales. Según algunas previsiones, unos 2.000 millones de personas vivirán en asentamientos precarios en 2030. Debido a la inexistencia de viviendas a precios asequibles, las personas que migran a las ciudades no tienen otra alternativa.
Los asentamientos nos son sino otra forma más de la crueldad que nuestra sociedades expresan ante lo desconocido. Las personas que viven ahí sufren todo tipo de estigmatizaciones, acusándolos de ser vagos y delincuentes, y la constante segregación , ya que la falta de formas de urbanización hacen inaccesible a los servicios públicos estas áreas, se los trata de marginar creando barreras urbanas y sufren el acoso de la delincuencia que encuentra en estos barrios el refugio ideal para sus actividades aunque los jefes de estas bandas vivan en barrios cerrados con todo lujo. Los habitantes de estos barrios tienen más probabilidades de ser víctimas de violencia a manos de las bandas de delincuentes cuando no también de abusos las fuerzas de seguridad.
La situación del crecimiento de estos barrios queda enmarcada pues, en las carencias del desarrollo urbano, donde la comunidad no ofrece la posibilidad de obtener su vivienda a familias jóvenes, que se ven forzadas a migrar a poblaciones vecinas, y las políticas de urbanización son llevada adelante por los especuladores y usureros del mercado inmobiliario, ya que aún en los asentamientos, la mayoría ha pagado por el lugar donde se radica. La aparente falta de organización urbanística brinda la oportunidad de hacer mucho dinero para unos pocos y pésimas condiciones de habitabilidad para muchos.
Por otra parte esto también presenta presiones sobre los espacios públicos de la comunidad, el lugar donde ésta se relaciona y se teje el entramado social esencial para garantizar la convivencia. Estos espacios se encuentran permanentemente como blanco de proyectos privatizadores que sólo piensan en el negocio inmobiliario.
En el año 2013, en ocasión de las movilizaciones que se realizaron para recordar que había pasado un año desde que se entregaron miles de firmas ante el Senado de la Provincia de Santa Fe y el Procurador General de la Corte, presentamos, en la nota leída en la ocasión, un análisis de los sucesivos censos, muestreos y relevamientos realizados en los asentamientos de la ciudad entre los años 2009 a 2013. Volvemos a traer esos números:
- El estudio de 2009 revelaba un incremento del 25% en los barrios marginales en los últimos 5 años
- Un 50% de los grupos familiares provenientes de otras localidades, se habían asentado en los últimos 5 años
- En el muestreo de 2012, 30% del total mostraba haber venido de otra localidad y un 44% haberlo hecho por motivación o invitación de un tercero.
- También en el muestreo mas del 60% se había asentado en los últimos 5 años
- En un 30% de los grupos familiares no posee trabajo ningún miembro
- La mayoría muestran ser familias de no más de 5 personas (70%)
Decíamos entonces “Un somero análisis de los trabajos permite percibir un fuerte movimiento de migración no sólo interna sino de otras localidades, así como la influencia de terceros en este traslado. También la situación de precariedad laboral de una parte importante de la población. Por otra parte no se observa que exista situación de hacinamiento que justifique una migración interna, como frecuentemente se afirma desde ámbitos oficiales, por lo que existe una inconsistencia entre los muestreos y el discurso.”
En reiteradas ocasiones hemos pedido medidas para el control de los asentamientos. Queremos aclarar que esto de ninguna manera significa una discriminación para quienes desean radicarse en nuestra ciudad, pues ¿no se nutrió esta ciudad de la inmigración, no sólo de otros países sino de otros lugares de nuestra tierra? ¿No migran también quienes creen que la ciudad no les ofrece lo que quisieran para vivir con sus familias? Cada uno es dueño de buscar los horizontes que mejor lo hagan sentir y de vivir donde le plazca. Pero lo que no puede ocurrir es que se usurpe el espacio de la comunidad y que se lo haga desordenadamente. Una falta de previsión de estas conductas llevará al inevitable colapso de los servicios esenciales. Esto no sólo ocurre por la voluntad supuestamente aprovechadora y ladina de los ocupantes, aunque existen casos en que se verifica esta conducta, sino también por el déficit de esa comunidad.
En la reunión del día 8 se habló de hacer partícipes a las instituciones en la realización de proyectos destinados a ocupar las tierras estatales que no tienen uso definido. Es indudable que una institución de bien público tiene sobrada ventajas sobre las propuestas de los usureros del mercado inmobiliario, pero esto no puede significar la entrega total de las tierras públicas a instituciones, ya que de todas formas esto constituye una privatización de espacios públicos o potencialmente públicos. Por otra parte, ya hemos tenido experiencias en el pasado, en el que la entrega de tierras a instituciones termina en un loteo o una tenencia temporaria se convierte en definitiva, dejando a la ciudad sin una de sus plazas. Entendemos que la presencia de la comunidad en los espacios públicos no debe resumirse a entregarlos al primero que levante la mano.
Además, esto no pude ser un acto espasmódico sino el inicio de una política metódica, con la generación de información sistemática. En ese sentido es lamentable que se haya propuesto desde el Concejo un nuevo censo y no obtener datos de organismos oficiales, información que debe ser de acceso público.
Esperamos que esta nueva propuesta no sea simplemente “más de lo mismo”, es decir una simulación en vísperas de épocas electorales, que simplemente intentan soluciones cosméticas para maquillar la verdadera carencia de ideas y planes para el desarrollo de la ciudad y la seguridad de sus ciudadanos. Nos sobran antecedentes:
¿Qué ha sido de la instrumentación del 911? ¿Cómo está funcionando el 101?
¿Cómo están funcionando las cámaras de seguridad? ¿Sirven para prevenir?
¿Existe un plan de seguridad? ¿O lo que se toman son medidas aisladas?
