El jueves
23 de octubre
una multitud de
más de 9.000 personas
se congregó en la Plaza de la
Constitución para mostrar su hartazgo a la situación de inseguridad y al
miedo constante tanto en la vía pública
como en sus lugares de trabajo y
viviendas particulares.
El principal
reclamo de la ciudadanía fue “BASTA DE ASENTAMIENTOS”. El día jueves 6
en la Asamblea realizada en el
mismo lugar, el intendente solo dice
que “la policía está
cuidando, viene gente y estamos haciendo que se vayan, salvo
que sean de Villa”. Por otra parte
declara que hay una Comisión trabajando sobre la urbanización de asentamientos existentes.
En efecto esto se dio a partir de
una reunión, convocada por el Senador
Germán Giacomino el 8 de agosto. Luego de esta reunión un grupo de empresarios
villenses propusieron un plan de acción
que fue ampliamente difundido. Algunos de los puntos de este plan incluían
medidas largamente pedidas por nosotros, como el control de los ingresos de la
ciudad.
A partir de ahí empezaron a
funcionar una serie de Comisiones, en
las que participamos destinadas a tratar las tres partes de ese plan: control
de asentamientos, urbanización de los existentes y loteo de terrenos sociales.
Por otra parte comenzaron una
serie de reuniones con autoridades provinciales en materia de seguridad
(fuerzas policiales, Ministerio de Seguridad)
En el ínterin continuaron los robos cada vez más
violentos sobre todo centrados en Barrio
Talleres, lo que aumentó la ansiedad de la población que terminó de expresarse
en la marcha del 23 de octubre.
En ese marco la respuesta del
intendente fue muy ligera, y similar a otras dadas con antelación. El municipio
sigue mostrándose vacilante y remiso a la hora de tomar medidas y sólo bajo el
peso de los acontecimientos en un primer término colocó cámaras de vigilancia
en determinados puntos de la ciudad y luego ha sido empujado a ver como ordena
los asentamientos, auxiliado por la disponibilidad del Gobierno Nacional, que
desea reactivar la obra pública. La última medida ha sido la creación de la
Guardia Urbana Municipal.
¿Y qué ha pasado con el plan de
los empresarios? Algunas medidas, como
traer a la Policía de Seguridad Vial, han generado un descontento entre los
comerciantes y transportistas de la región, ya que les parece que están
apostados sólo para interceptar su tránsito, más allá de las irregularidades manifiestas de los vehículos
pero también de alguna deficiencia del accionar de la fuerza de seguridad. En
las próximas semanas comenzará a
instalarse el control caminero
permanente en la frontera con San
Nicolás.
La urbanización sigue adelante
montada en los planes de la Secretaría de Tierra y Hábitat de la Nación, que
desea lotear la mayor cantidad de tierra
posible para paliar el déficit habitacional, una de las razones de las
constantes migraciones y usurpaciones de terrenos.
¿Y el control de los
asentamientos? Nada por ahora. Se prevé
dejar esa tarea a la GUM recién
creada, pero que comenzará a funcionar en los primeros meses del año que viene,
así como la participación de la Policía Comunitaria. Nada se ha hecho para
verificar el ingreso de personas a los
asentamientos existentes, excepto la creación de los Certificados de Vecindad.
Por otra parte por ahora no se ha podido contar con información sobre el
crecimiento de las poblaciones en los asentamientos, si bien se cursaron
pedidos al director Provincial del Registro Civil y a las escuelas. El Registro Civil informó de la imposibilidad de suministrar dichos
datos, desde que el Registro Nacional de las Personas lo prohíbe. Por
otra parte, el pedido de que no se
transporten elementos para la
construcción hacia espacios usurpados tuvo una respuesta
negativa por parte del comercio local,
que por otra parte se muestra escéptico de poder frenar las
construcciones en dichos espacios.
Las reuniones de las Comisiones
creadas tras la reunión del 8 de agosto languidecen, ante el paulatino
alejamiento de los sectores privados y algunos aspectos reclamados como el
establecimiento del número de emergencias 911 parecen sujetos a promesas que ya
parecen el cuento La Buena Pipa. Siempre falta algo para su instalación. El
último obstáculo ha sido que el municipio debe pagar para tender un cable de
fibra óptica e instalar una PC en Jefatura mas otras instalaciones. El número
policial 101 sufre de problemas técnicos que parecen “insalvables”.
Por su lado, los Concejales,
emitieron una Resolución solicitando se
investigue al juez en lo penal Ruben Osvaldo Bissio y al fiscal Osvaldo Chiappelo ¡Dos años y medio después
que gran parte de la población del Departamento Constitución lo manifestó en miles de firmas!
En el Senado provincial el
Senador Giacomino presentó el día de la marcha un reclamo general que
sorprendió a sus pares. Nunca antes se
había presentado un reclamo semejante desde el
Departamento Constitución en ese cuerpo, excepto las firmas de los ciudadanos.
Tampoco generó ninguna respuesta distinta de las que ya tuvimos. El sistema
político parece resignado la gente lo percibe como indiferencia a sus
reclamos.
La Justicia sigue sin dar respuesta a las causas de homicidios no
resueltos y muchas de ellas hace rato
que están archivadas, generando una sensación de impunidad. El nuevo sistema
aparenta mostrarse más ágil, pero todavía sufre carencias que limitan su
accionar, más allá de peligrosos vicios del anterior
sistema que amenazan contaminarlo.
La provincia aún no se decide a encarar el problema
carcelario local, en que las instalaciones de la Jefatura se han convertido
virtualmente en un establecimiento penal
en los hechos, con el riesgo que esto conlleva, además del hacinamiento
que motiva reclamos del Defensor General y
limita los encarcelamientos preventivos. Según el Plan de Seguridad
Democrática 2013 de la provincia “El Ministerio de Seguridad continúa avanzando
con el proceso de traspaso de detenidos en comisarías a la órbita del servicio
penitenciario.” Por ahora Villa Constitución no parece incluida.
¿Qué compromiso pueden y quieren asumir las autoridades
municipales y provinciales? ¿Por qué dejamos que avancen impunemente las bandas
criminales y las prácticas delictivas ahora cada vez más peligrosas desde que
aumenta la cantidad de armas en manos de la población civil y la delincuencia?
¿El año que viene, se podrá
reclamar algo sin que los gobiernos acusen de que son parte del oportunismo
partidista, destinado a tener únicamente
un rédito electoral?
¿El año que viene nos
encontraremos convocando a otra masiva marcha para volver a reclamar lo ya reclamado?
El intendente parece haber
cambiado de opinión de cuando decía el 23 de Febrero de 2013 en un diario de
alcance provincial “Tenemos algún
pequeño problema de seguridad, menores, como algún pequeño robo, como sucede en
todas partes lamentablemente. Pero estamos muy bien” Obviamente no estábamos muy bien. La pregunta
es como estaremos.
Feliz 2015
