viernes, 18 de noviembre de 2016


Señores Jueces

Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Penal de Instrucción

Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Penal Correccional

Juzgado de Primera Instancia de Distrito de Menores

Distrito Nº 14  Villa Constitución

S________________/_________________D



De nuestra consideración:

            Los abajo firmantes, miembros del Concejo de Seguridad Ciudadana de Villa Constitución, nos dirigimos a Uds. y respetuosamente queremos dejar sentada nuestra preocupación por el accionar de los tribunales de nuestra ciudad, en lo que refiere a la aplicación de la justicia penal y correccional.

            Sin querer entrar en el detalle de cada causa en particular, ni pretender que nuestra misiva se interprete como una presión sobre la justicia, que resulta inaceptable en un Estado de Derecho, como el que, en lo teórico, vivimos; queremos hacer notar que se ha instalado en la sociedad la peligrosa percepción de que nuestro sistema de administrar justicia, principalmente en lo que a lo penal y correccional se refiere, no funciona acorde a las expectativas de la sociedad.

            Para aclarar nuestra postura, dejamos constancia que entendemos que el sistema de justicia debe ser una herramienta fundamental a la hora de alcanzar los objetivos declarados en el preámbulo de nuestra Constitución Nacional: afianzar la justicia, consolidar la paz interior.

            En ese sentido, esperamos que la justicia penal y correccional pueda evitar la conducta de algunos miembros de nuestra sociedad que, de distintas formas, van destruyendo paulatinamente la tranquilidad y pacífica convivencia de las personas. Por otra parte la justicia no puede tener demoras que parecen eternas en resolver los casos que se presentan. Entendemos que si la justicia no actúa con rapidez, si los procesos demoran meses o años, no se alcanza el ideal de justicia. Ni para los sospechosos y mucho menos para las víctimas de delitos.

            Esa demora, y el hecho de la velocidad con la que los sospechosos de delitos violentos vuelven a ganar la calle, han generado esta sensación, que encontramos, reiteramos, peligrosa, de inacción por parte de la justicia.

            Naturalmente, somos plenamente conocedores de que hasta que se pruebe la culpabilidad de un sospechoso de un delito, mediante un juicio o confesión, los mismos deben permanecer en libertad, salvo que exista peligro de fuga o de perjudicar la investigación. Sin embargo, algunos episodios no parecen estar encuadrados en esta perspectiva y ni siquiera en lo que la jerga común ha denominado un “exceso de garantismo” o “puerta giratoria”.

            Entendemos perfectamente que los jueces deben ser los custodios de las libertades de todo ciudadano, y que por lo tanto se deben mantener a rajatabla  las  garantías a los derechos de los acusados y el  debido proceso, situación imprescindible para no permitir que sean impugnadas las actuaciones. No obstante queremos hacer notar que los Derechos Humanos de los sospechosos no son los únicos que deben velarse. Es necesario salvaguardar los Derechos Humanos de las Víctimas de Delitos, objetivos que no se están alcanzando.

            Las Víctimas de Delitos sienten que no hay justicia si aquellos que los han sometido a su violento accionar se muestran como si tal cosa frente a ellos,  o continúan delinquiendo impunemente. Las Víctimas de Delitos se sienten abandonadas si sus victimarios las amenazan para que no aporten testimonios en su contra. Las Víctimas de Delitos descreen de nuestro sistema judicial  si pasa el tiempo y no se llega a resolver su causa ni se muestra interés por investigar o desconocen lo que ha sido de las averiguaciones.

            En otro orden de cosas, también la situación como se maneja el problema de los menores entregados a la práctica delictiva es preocupante. En estos casos devolver rápidamente a un menor a un entorno que no es el mejor no soluciona nada. Si a un cuerpo sano lo llevamos a un ambiente enfermo, terminará enfermo. No es restituyendo a los menores rápidamente a un entorno que lo perjudica, llevándolo al delito, que lograremos su bienestar. Si no existen las condiciones para dar mejor solución es el deber de los funcionarios reclamarlos al Estado que es el garante en última instancia.

            Volvemos a insistir que no es nuestra intención indicar a los Sres. Jueces como hacer su trabajo ni la forma de interpretar la Ley. Si nos hemos tomado el atrevimiento de elevar esta nota, es porque advertimos diferencias importantes de criterio en distintos casos y sujetos que acumulan causas, detenciones, antecedentes pero que no reciben condena. Puede que esto sea una percepción equivocada y que se deba a ignorancia de nuestra parte. En cuyo caso entendemos que se debe informar a la ciudadanía. Informar al ciudadano de la situación en que se encuentra nuestro sistema penal y correccional, es parte de la función de cualquier autoridad, y encuadra en los derechos que tenemos al acceso a la información pública.

            Queremos tener una justicia en quien confiar, que sea accesible, que garantice nuestros derechos, que sea una columna para sostener el desarrollo de nuestras familias, amigos, vecinos. Queremos una justicia comprometida en la búsqueda de la verdad y no con apatía o que se convierta en una maquinaria perversa que destruye el horizonte de futuro. Que no permita los abusos de las autoridades pero tampoco de las mafias del delito.

            En Uds. Señores Jueces descansa tamaña responsabilidad. Esperamos poder contribuir desde nuestro humilde lugar.

            Seguiremos reclamando, pese a quien pese, por una sociedad mas justa y mas seguridad.
           
            Por todo lo expuesto solicitamos nos otorguen audiencia en conjunto con las Sras. Fiscales y los Jefes de la Policía de Santa Fe, de la ciudad de Villa Constitución.


Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atte.

Concejo de Seguridad Ciudadana de Villa Constitución

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