Declaración

Nos hemos convocado en esta Plaza de la Constitución con la angustia y la preocupación que nos impregna a causa de la violencia instalada en nuestra ciudad.

Nos preocupa el funcionamiento de la Unidad Fiscal Villa Constitución.

Nos preocupa el accionar de los tribunales de nuestra ciudad, en lo que refiere a la aplicación de la justicia penal y correccional.

Es la percepción de los vecinos de la ciudad que, si bien la Unidad Fiscal ha venido trabajando acorde a su obligación y compromiso con el cumplimiento de la Ley, y tratando de mantener las  garantías a los derechos de los acusados y el  debido proceso, situación imprescindible para no permitir que sean impugnadas las actuaciones, existe en los últimos tiempos una preocupante tendencia a que distintos procesados por diversos delitos retornen a las actividad delictiva con sorprendente rapidez.

Por otra parte también sentimos, que nuestro sistema de administrar justicia, principalmente en lo que a lo penal y correccional se refiere, no funciona acorde a las expectativas de la sociedad.

Naturalmente, somos plenamente conocedores de que hasta que se pruebe la culpabilidad de un sospechoso de un delito, mediante un juicio o confesión, los mismos deben permanecer en libertad, salvo que exista peligro de fuga o de perjudicar la investigación. Sin embargo, algunos episodios no parecen estar encuadrados en esta perspectiva y ni siquiera en lo que la jerga común ha denominado un “exceso de garantismo” o “puerta giratoria”.

Por el contrario, parece existir algún impedimento para que el Ministerio Público de la Acusación pueda llevar adelante su misión. Nos preguntamos entonces ¿Se debe esto a las carencias que conocemos? ¿Se trata de los crónicos problemas a la hora de recolectar pruebas y testimonios? ¿Se trata de una saturación de las posibilidades de la Unidad Fiscal? ¿Estamos equivocados en cuanto a esta percepción de que conocidos delincuentes, con frondoso prontuario, siguen transitando las calles de nuestra ciudad como si tal cosa, mientras sus víctimas padecen el temor ante la desprotección y falta de reconocimiento de los Derechos Humanos de las Víctimas, que deben ser respetados como lo son los de los detenidos? ¿Se debe al recurrente y vergonzoso hacinamiento carcelario, aún no resuelto?

Entendemos perfectamente que los jueces deben ser los custodios de las libertades de todo ciudadano, y que por lo tanto se deben mantener a rajatabla  las  garantías a los derechos de los acusados y el  debido proceso, situación imprescindible para no permitir que sean impugnadas las actuaciones. No obstante queremos hacer notar que los Derechos Humanos de los sospechosos no son los únicos que deben velarse. Es necesario salvaguardar los Derechos Humanos de las Víctimas de Delitos, objetivos que no se están alcanzando.

Las Víctimas de Delitos sienten que no hay justicia si aquellos que los han sometido a su violento accionar se muestran como si tal cosa frente a ellos,  o continúan delinquiendo impunemente. Las Víctimas de Delitos se sienten abandonadas si sus victimarios las amenazan para que no aporten testimonios en su contra. Las Víctimas de Delitos descreen de nuestro sistema judicial  si pasa el tiempo y no se llega a resolver su causa ni se muestra interés por investigar o desconocen lo que ha sido de las averiguaciones

También la situación como se maneja el problema de los menores entregados a la práctica delictiva es preocupante. En estos casos devolver rápidamente a un menor a un entorno que no es el mejor no soluciona nada. No es restituyendo a los menores rápidamente a un entorno que lo perjudica, llevándolo al delito, que lograremos su bienestar. Si no existen las condiciones para dar mejor solución es el deber de los funcionarios reclamarlos al Estado que es el garante en última instancia.

Esperamos que la justicia penal y correccional pueda evitar la conducta de algunos miembros de nuestra sociedad que, de distintas formas, van destruyendo paulatinamente la tranquilidad y pacífica convivencia de las personas. Por otra parte la justicia no puede tener demoras que parecen eternas en resolver los casos que se presentan. Entendemos que si la justicia no actúa con rapidez, si los procesos demoran meses o años, no se alcanza el ideal de justicia. Ni para los sospechosos y mucho menos para las víctimas de delitos. Esa demora, y el hecho de la velocidad con la que los sospechosos de delitos violentos vuelven a ganar la calle, han generado esta sensación, que encontramos, de inacción por parte de la justicia.

Tampoco puede ser aceptable que desde las fuerzas de seguridad y los espacios de la justicia se instale, para calmar a la población, un “chivo expiatorio”, como ha ocurrido en numerosas ocasiones, en el que se inventan causas y pruebas, dejando libres a los verdaderos culpables.

Queremos tener una justicia en quien confiar, que sea accesible, que garantice nuestros derechos, que sea una columna para sostener el desarrollo de nuestras familias, amigos, vecinos. Queremos una justicia comprometida en la búsqueda de la verdad y no con apatía o que se convierta en una maquinaria perversa que destruye el horizonte de futuro. Que no permita los abusos de las autoridades pero tampoco de las mafias del delito.