Inseguridad: un año en la zona
de promesas
A lo largo del año 2012 se incrementó entre los
habitantes de Villa Constitución la angustia ante sucesivos hechos de
inseguridad, de carácter cada vez más violentos.
La chispa que desencadenó la movilización popular fue una serie de hechos delictivos
incluyendo el homicidio de un joven, que
llevaron a la realización de una multitudinaria
reunión el 11 de junio en el
local del establecimiento bailable
“Elixir” en calle Pbto. Daniel Segundo.
Tras varias marchas y convocatorias en la Plaza
de la Constitución, se reunió la cantidad de 10.000 firmas para solicitar
sendas investigaciones sobre las actuaciones del juez de Instrucción Dr. Rubén Osvaldo Bissio y el fiscal Dr. Osvaldo Chiapello. Estos petitorios fueron entregados en la ciudad
de Santa Fe el 30 de agosto, concretándose además una entrevista con el
vicegobernador Henn.
En enero
de este año nuevamente se elevó un petitorio, en este caso
dirigido al Intendente
Municipal Horacio Felipe Vaquié, el Senador Provincial
Germán Giacomino, el Honorable
Concejo Municipal. En este petitorio se recordaba la falta de respuesta y cumplimiento a determinadas promesas
puntuales realizadas por el
entonces Secretario de Seguridad
Escajadillo así como cuestiones propias
del ámbito municipal. Asimismo se entregó una nota similar al Gobernador en
ocasión de su visita a la ciudad para la formalización de la Zona Franca
Santafesina, el 8 de febrero. Los puntos eran:
- La activación de la clave
telefónica única o número 911.
En este caso la respuesta del gobernador en
febrero fue que se implementaría en los
próximos meses. En los últimos días se
inauguró este servicio en la ciudad de
San Lorenzo, a la vez que se informaba de que se estaba entrenando personal
para atender este servicio. Se debe hacer notar que en Provincia de Buenos
Aires (La Matanza, Quilmes) el servicio
ha sido motivo de numerosas quejas por mal funcionamiento, cosa que debilita la confianza en el servicio
que ha mostrado su eficacia en otros países. Es necesario capitalizar las
experiencias existentes a fin de no causar una frustración.
- Reposición de los 35 efectivos
policiales retirados de la tropa
local.
Tanto
del Gobernador como el Senador Provincial así como el Secretario de Seguridad
Matías Drivert manifiestan la imposibilidad de reponer este número de efectivos
en razón de la falta de ingresos de aspirantes a la fuerza policial, lo que
genera un déficit de personal disponible no sólo en nuestra ciudad.
- Entrega de móviles vehículos y
motos
Sobre
este punto tanto el Gobernador como el Secretario Drivert así como el Senador
esgrimieron la existencia de una licitación y que se irían incorporando
móviles en corto plazo (antes de mayo). En
los últimos tiempos cada vez que se interroga sobre este ítem la respuesta
siempre es “en 40 días”. Sin embargo se debe señalar que de nada sirve tener
móviles sin tener personal que los conduzca.
- La plena vigencia de la Reforma
Judicial con el nombramiento del titular del nuevo juzgado penal así como
del fiscal, así como el inicio de juicios orales, hecho destacado por el
Intendente en la puerta de
tribunales, así como el entonces Secretario de Seguridad Escajadillo
Este
aspecto uno de los mas espinosos, pues el sistema de administración de
justicia se muestra ineficaz y
desbordado en su capacidad. Sin embargo por lo expresado por el Gobernador y el
Ministro de Justicia Lewis, este último en momento de su visita a la ciudad
para inaugurar el sistema de mediación
obligatoria, gran parte de la reforma, así como el nombramiento de nuevos
fiscales y jueces en lo penal se encuentra estancada en la Legislatura
Santafesina donde sus miembros no logran un acuerdo para avanzar en la misma.
Genera inquietud la sospecha entre los ciudadanos de que la reforma, declaradas
necesarias por todos los sectores políticos, queda parcialmente trunca por la lucha partidista. El Gobernador declaró que existían los fondos necesarios
para concretar dichas reformas.
- Estado de situación de
equipamiento y personal capacitado para poner en funciones la Policía
Científica
Ante
este pedido, el Secretario Drivert nos adelantó el establecimiento de un
laboratorio en Santa Fe y otro
próximamente en Rosario. Por otra parte, en una reunión del FPCS, a mediados de
marzo el Ministro de Seguridad Lamberto anunció que en 60 días habría Policía
de Investigación así como un nuevo Código Procesal Penal. Hasta no concretarse
estos anuncios transcurrirá un tiempo durante el cual estaremos expuestos a las
carencias denunciadas localmente por el juez Ruben Bissio, cuando declaró que
la policía no remitía las pruebas correctamente o como ha dicho Enrique
Font sobre que la policía de Santa Fe es
“una
fuerza que no está bien capacitada, es pésima investigando, es bruta y no sabe
lo que hay que hacer”. Se debe tener en cuenta que se trata de un
trabajo donde se ingresa por una fuerte vocación, ya que no se trata de un
empleo común y que tiene la extraña situación de estarle vedado el acceso a los
reclamos sindicales, que son garantía constitucional para todos los trabajadores.
- Las tareas realizadas para el
control de nuevos asentamientos
Por
este pedido se han realizado reuniones con el Cuerpo de concejales y además ha
sido mencionado en las reuniones
comunitarias promovidas por el Senador Giacomino. Sin embargo nos encontramos
con nuevas noticias de ocupación ilegal en lugares públicos y los vecinos se
muestran temerosos de que finalmente se llegue al establecimiento de asentamientos en conocidos espacios públicos.
En una sesión ordinaria del Concejo uno de sus miembros llegó a hablar de
“explosión social habitacional” mientras otro refería la existencia de quienes “impulsaban la
usurpación de viviendas”. Por otra parte
se encuentran paralizadas las acciones para la urbanización de Barrio 9 de
Julio que se suma al ya postergado traslado de Barrio Luján y la inquietante
situación en la zona de barrancas.
- Un informe completo de la
efectividad de las cámaras de
seguridad instaladas así como un reporte financiero que detalle el costo
de mantenimiento y operación de las mismas. Esto lo pedimos en virtud de
la petición formulada a nosotros por el Dr. Escajadillo de comprometernos
en cumplir un rol de efectivo control del Plan de Seguridad en marcha.
Hasta
ahora la efectividad de este medio de control está seriamente cuestionado desde que se han concretado hechos de inseguridad
en lugares donde se encontraban funcionando. En uno de los casos fue arrancado
un farol de iluminación sin que se anoticiara la fuerza de seguridad. Se ha mencionado por parte del Director de
Orden Urbano hasta 200 salidas por la policía de manera preventiva,
realizadas por intervención de los operadores del sistema de cámaras, pero hasta ahora no pudimos
tener un informe escrito como se había pedido. En la última sesión del Concejo
se presentó un proyecto para comprar nuevas cámaras, cosa anunciada por el
Intendente en su mensaje inaugural de las sesiones legislativas, pero por
compra directa obviando la obligatoria licitación pública, lo cual no permite saber
si se ahorrarían recursos que se podrían emplear en otra forma.
- Gestionar se avance en la
investigación de los casos de homicidio acaecidos en nuestra ciudad y no resueltos.
Que nosotros sepamos siguen en vía
muerta los numerosos hechos de homicidio
cuya investigación jamás llegó a
esclarecer sus causas
Sobre la controversia dada por los
asentamientos y el constante ingreso de personas de otras jurisdicciones para
radicarse de manera irregular en la ciudad, el gobierno desmiente este rumor,
con el apoyo de distintos relevamientos
realizados en los últimos años. A saber:
§
Estudio
realizado en 2009 basado en distintas
fuentes:
Ø
Censo
de población y vivienda Diciembre 08-Marzo 09
Ø
Base
de datos Dirección de Vivienda Municipal
Ø
Relevamiento
PROMEBA 2006 –actualizado 2009
Ø
Base
de datos Área de Trabajo Social Municipal
Ø
Censo
poblacional- Secretaría Acción Social 2007
Este estudio cubrió los barrios Bajo
CILSA, 9 de julio, Evita, Luján, San Jorge, Santa Teresita, Unión, Unión Sur
§
Muestreo
de 70 familias en barrios Santa Teresita, Unión-Unión Sur, 9 de julio y Planta
de Impregnación de durmientes; en julio de 2012
§
Informe
de las Trabajadoras Sociales, marzo de este año
De los distintos relevamientos puede
verse que
1) El estudio de 2009 revelaba un
incremento del 25% en los barrios marginales en los últimos 5 años
2) Un 50% de los grupos familiares
provenientes de otras localidades, se habían asentado en los últimos 5 años
3) En el muestreo 30% del total mostraba
haber venido de otra localidad y un 44% haberlo hecho por motivación o invitación
de un tercero.
4) También en el muestreo mas del 60%
se había asentado en los últimos 5 años
5) En un 30% de los grupos familiares
no posee trabajo ningún miembro
6) La mayoría muestran ser familias de
no más de 5 personas (70%)
Un somero análisis de los trabajos
permite percibir un fuerte movimiento de migración no sólo interna sino de
otras localidades, así como la influencia de terceros en este traslado. También
la situación de precariedad laboral de
una parte importante de la población. Por otra parte no se observa que exista
situación de hacinamiento que justifique una migración interna, como
frecuentemente se afirma desde ámbitos oficiales, por lo que existe una
inconsistencia entre los muestreos y el discurso.
Como se mencionó anteriormente se
tuvieron breves reuniones con el
Secretario de Seguridad Matías Drivert en ocasión de su visita para instalar
al actual Jefe de Policía así como el
Ministro de Justicia Juan Lewis cuando inauguró la Mediación Obligatoria, en
ambos casos se hizo mención de hechos graves que afectan el funcionamiento del sistema de justicia y seguridad
Por otra parte se han realizado
sucesivas reuniones en distintos ámbitos entre los vecinos y las autoridades,
tanto municipales como policiales, promovidas por el Senador Giacomino aunque
con escasa participación popular. No obstante en éste ámbito se acercaron
fuertes denuncias sobre actividades delictivas
e irregularidades varias. En este ámbito
se revelaron las carencias de
algunas reparticiones de la policía tales como falta de móviles.
Una prueba de lo desbordado que se
encuentra el sistema de seguridad fue el hecho de que a una persona
que acudió a realizar una denuncia por un ilícito, se le pidió que acudiera mas tarde. Las
autoridades policiales justificaron el hecho en la ausencia de médico legista
que realizara un examen. Más preocupante fue el incidente protagonizado por
otro vecino que había acompañado a realizar la denuncia de la sustracción de un
rodado, que terminó preso e incomunicado, en este caso por un presunto exceso
al reclamar acción policial. Estos hechos debilitan la confianza de la
población al momento de decidir radicar la denuncia por un hecho de
inseguridad, al punto que se sospecha que un elevado número de delitos no se
denuncian, cosa que de hacerse elevaría sustancialmente la estadística de
delitos, que la policía siempre dice encontrarse en niveles inferiores a otras
poblaciones.
Nuestra ciudad, sin embargo, se
encuentra en una situación preocupante,
a manera de “jamón del sándwich”
entre dos localidades (San Nicolás y Rosario) que están experimentando altas tasas de
delitos violentos tanto contra la propiedad como contra las personas. Que esta realidad termine instalada en nuestra
ciudad es sólo cuestión de tiempo, máxime que se trata de una “ciudad de
frontera” en el borde de otra jurisdicción provincial, lo que ocasiona
frecuente tránsito de actividades delictivas para evadir la acción de las
fuerzas de seguridad. Mas allá de intentar minimizar los hechos de inseguridad,
(como ocurrió con declaraciones del Intendente que postuló la existencia de
“salpicones de inseguridad), se acepta que la criminalidad se ha incrementado y
que se ha diversificado, alcanzando niveles de complejidad y organización nunca
antes vistos y para las que el Estado no está adecuadamente preparado para
enfrentar.
En su exposición en la reunión del
FPCS, el Ministro Lamberto también anunció la realización de una encuesta de
victimización, que los comisarios sean elegidos por la autoridad local así como
que la fuerza pase a depender del gobierno local, apuntando a una
descentralización, un cambio de modelo que claramente sigue el modelo
anglosajón, del tipo proactivo y abandonar el modelo francés, fuertemente
castrense y de carácter represivo, que es el que se ha basado nuestra fuerza de
seguridad. Similares propuestas ha elevado alguna figura de la oposición, lo
que llevaría a una autonomía municipal, cosa de difícil concreción con el
actual marco constitucional santafesino.
El resumen: transcurrido casi un año
desde el inicio de los reclamos ha
habido escasos avances en la reforma judicial, la policía aún sufre carencias
que dificultan la formación de la evidencia judicial, las autoridades locales
no parecen tener otra respuesta que la instalación de costosas cámaras. Salvo
la prometida reforma judicial estancada en la Legislatura, el resto de la
reforma se circunscribe al ámbito de policial.
Se encuentra en un estado de
parálisis el reordenamiento urbano de distintos barrios de nuestra ciudad, lo
que ocasiona que quienes viven ahí siguen sin teniendo un difícil acceso a los
servicios incluidos la presencia policial o emergencias médicas así como el
transporte público. Estos barrios, se encuentran estigmatizados como fuente de
delitos, siendo que son quienes mas sufren la violencia criminal, además de
encontrarse segregados de la ciudad. En otro extremo se multiplican las
noticias de asentamientos en espacios públicos o de propiedad estatal sin que
el gobierno atine a controlar o limitar estas ocupaciones. Estos asentamientos
terminan, como consecuencia de las dificultades para su acceso, sirviendo de
refugio para actividades ilegales, así como generar un peligro sanitario,
debido a las dificultades en establecer servicios de cloacas, agua corriente y
recolección de residuos.
La fuerza policial por ahora no ha
mejorado, en apariencia, su equipamiento, desde que no recibimos ninguna
comunicación en ese sentido, como nos había prometido el Secretario de
Seguridad Drivert, por lo que deducimos que se encuentra aún con serias
carencias, si bien el mismo secretario aclaró que la policía tenía combustible,
balas y otros elementos, por lo que se encontraba en mejor situación que en el
pasado. No obstante de ocurrir un delito grave (homicidio) estaría con en la misma dificultad de aportar elementos
probatorios decisivos, como ya ocurrió en hechos anteriores. En otro orden, la
dificultad del gobierno provincial para mejorar el haber salarial, unido a la
imposibilidad, como ya dijimos, de formalizar reclamos sindicales, hace que los
integrantes de esta fuerza estén constantemente prestando servicios adicionales
de vigilancia, a fin de mejorar sus ingresos, lo que disminuye sus horas de
descanso y conspira contra la prestación eficaz del servicio. El gobierno
provincial manifiesta la imposibilidad de aumentar los salarios de la fuerza
sin tener que hacerlo con el resto de los empleados públicos, lo que afectaría
el presupuesto general.
Un año de promesas, pero de escasos
cambios.
Vecinos Autoconvocados por una
Ciudad Segura
Villa Constitución
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