Nadie puede dudar por qué marchamos
Marchamos porque queremos seguridad.
Entendemos la seguridad como un estado en el que nuestras vidas no se vean amenazadas por los actos violentos y arteros de aquellos que elijen quebrantar nuestra ley, haciendo su propia ley. Estar seguros no es estar atrincherado entre cuatro paredes rodeado de alarmas. Entendemos la seguridad, como ya dijimos, como un derecho irrenunciable, un bien público que nos corresponde.
Marchamos porque buscamos justicia.
Entendemos la justicia como la sanción que, como sociedad, decidimos deben recibir los que actúan al margen de nuestra ley. Una ley que proteja a los pacíficos, a los trabajadores, a los niños, a los ancianos, a los honestos, a los inocentes y detenga a los violentos, a los abusadores, a los corruptos, a los ladrones.
Marchamos porque es necesario reafirmar nuestros reclamos, realizados una y otra vez hasta el cansancio, obteniendo solamente débiles respuestas.
Marchamos para reclamar porque estamos en nuestro derecho, de peticionar a las autoridades, desde el intendente y los concejales; pasando por nuestros senadores y diputados provinciales, el gobernador hasta las autoridades nacionales. Les reclamamos porque creemos que pueden y deben hacer algo. De lo contrario, no reclamaríamos nada.
Rechazamos toda incitación a la violencia así como descreemos que el uso de una represión violenta sea la solución a nuestros problemas, pues la violencia sólo engendra violencia. Ya decía Ghandi que aplicando el “ojo por ojo” todos terminaremos ciegos.
Por otra parte, aceptamos la absoluta necesidad del respeto a los Derechos Humanos de las personas. Esto muchas veces ha sido entendido como derechos a los delincuentes. No es así. Queremos recordar especialmente que en la Declaración 40/34 de la Asamblea General de las Naciones Unidas “Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder” se establece que las víctimas tienen derecho al acceso a la justicia, trato justo, resarcimiento, indemnización y asistencia.
Como ya declaramos, reafirmamos: creemos que somos un pueblo que no se debe dejar arrinconar por la corrupción de unos, la inoperancia de algunos y la violencia de otros. No queremos acostumbrarnos al miedo ni vivir encerrados ni ver vidas tronchadas por la violencia de la inseguridad. Debemos tener la firme voluntad de no permitir que unos pocos arruinen la vida de todos.
Hemos formulado una serie de peticiones que trasladamos una y otra vez a los funcionarios públicos, a saber:
1. La activación de la clave telefónica única o número 911.
Este pedido hasta ahora ha dado por resultado que los teléfonos con característica de la provincia de Santa Fe son comunicados con el Departamento Rosario, los de características de San Nicolás con la provincia de Buenos Aires y los de otras características con otras centrales. En todos los casos los operadores desconocen nuestra geografía y deben luego trasladar la petición a nuestra ciudad. El número 101 que usamos en nuestra ciudad no funciona correctamente y los teléfonos de algunas empresas no consiguen conectarse. ¿Es posible que no se pueda arreglar una conexión telefónica, que es el primer elemento de prevención y contacto con las fuerzas de seguridad?
2. Reposición de efectivos de la tropa local de las fuerzas de seguridad
Tanto las bajas por retiro como las fuerzas trasladadas para dar seguridad a otras ciudades “más importantes” han hecho mermar la dotación de nuestras fuerzas de seguridad. La respuesta siempre ha sido la negativa, ante la falta nuevos aspirantes.
3. Equipamiento de las fuerzas tanto de móviles así como tecnología para realizar tareas de prevención.
Siempre las respuestas han sido, desde hace mas de dos años “que en 40 días…” Esta respuesta repetida hasta el cansancio debe entenderse como “algún día de estos, no siendo hoy ni mañana”
4. Poder disponer de los medios de la policía científica
En este caso se nos ha dicho que se dispone de un laboratorio móvil mientras se construyen dos: uno en Santa Fe y otro en Rosario. Por cierto que también se nos dijo que la situación está desbordada y el Fiscal Regional solicita más recursos para esta región con mas alta densidad de población pero con escasos recursos humanos y técnicos.
5. Tareas realizadas para el control de nuevos asentamientos
Sólo recientemente se formó una Comisión Ciudadana para poder organizar los existentes y detener nuevos asentamientos. Habiendo pedio esto una y mil veces, remarcamos ahora la necesidad de que esté enmarcado dentro de una política global de urbanización y adecuación de nuestro Plan Regulador.
6. Se instalen estratégicamente dos o tres comisarías más.
Esto se pidió de cara a lograr un mayor control de las fronteras municipales. Aunque ahora se han comenzado con controles de este tipo, también se ha hablado de usar cámaras, pero la cámara no puede revisar un vehículo.
7. Funcionamiento de Cámaras de Seguridad
Las cámaras de seguridad se han mostrado más eficaces como elemento de prueba de delitos que como elemento de prevención. Es indudable que nos encontramos con limitaciones de personal que conspiran contra su buen funcionamiento. Pero por otra parte siguen ocurriendo delitos en lugares donde están instaladas cámaras de seguridad. Se desconoce si la cámara presta algún servicio en estos casos. Hemos recibido de la Municipalidad un el reporte de los operadores que no aclara esto.
8. La plena vigencia de la Reforma Judicial con el nombramiento del titular del nuevo juzgado penal así como del fiscal, así como el inicio de juicios orales.
Parcialmente atendido. Aunque la reforma judicial aún enfrenta las carencias de un sistema que fue puesto en marcha sin tener todos sus elementos. Esto lleva a fiscales y auxiliares saturados y un mal funcionamiento que puede restar confianza al sistema.
9. Gestionar se avance en la investigación de los casos de homicidio acaecidos en nuestra ciudad y no resueltos.
Hasta ahora, que sepamos nada en este aspecto se ha desarrollado. Hace dos años llevamos al Senado de la Provincia y al Procurador General, miles de firmas pidiendo en el primer caso una Comisión Investigadora de las acciones del Juez de Instrucción en lo Penal Rubén Osvaldo Bissio, y en el segundo del fiscal Osvaldo Chiappelo. No hemos tenido noticias que se haya investigado la actuación de estos funcionarios. No los condenamos. Exigimos, ante la sospecha de su deficitaria conducta, una investigación realizada por personas idóneas que aclare si cumplieron su deber, porque a nosotros, faltos de evidencia, sólo nos queda la denuncia pública.
Respecto al Plan de Seguridad Democrática de la Provincia de Santa Fe, esperamos que los funcionarios provinciales sepan de qué se trata, pues los ciudadanos sólo hemos escuchado unos pocos enunciados, por lo que, como ya declaramos antes esto hace pensar
a) Que el plan es secreto
b) Que el plan se está elaborando
c) Que no hay plan ni idea semejante
Es necesario profundizar la preparación de una fuerza policial que ha probado tener un déficit de capacitación. Por otra parte se debe mantener la remuneración de las fuerzas en los niveles justificados para funcionarios que diariamente arriesgan sus vidas frente a los actos delictivos. Se debe sí ser inflexible frente a actos de corrupción que debilitan la confianza de los ciudadanos en las fuerzas de seguridad.
Hoy en día nos enfrentamos con un avance irrefrenable de los delitos violentos. También con un aumento del uso de armas de fuego de grueso calibre. Advertimos que armarnos todos, sólo nos hará retroceder a las épocas del “Lejano Oeste” americano. Otra preocupación es la proliferación de actividades delictivas desconocidas en nuestra región.
Necesitamos definir cómo se va a actuar con el creciente número de usurpaciones. Una inclinación a tener una mirada benévola por el acceso a la vivienda sólo tendrá como consecuencia la aparición de bandas criminales que usurpan propiedades sometiendo a las personas al chantaje y estableciendo un lucrativo negocio inmobiliario. El derecho a la vivienda deberá otorgarse de maneras solidarias que no signifiquen un título gratuito.
Hemos visto en el transcurso de este tiempo desfilar a varios funcionarios en el área seguridad de la provincia. Todos prometieron mucho y cumplieron poco. Sin embargo no marchamos para pedir la remoción o renuncia de nadie. No es con renuncias que solucionaremos nuestra situación. Sí esperamos, como también ya dijimos, de nuestros representantes compromiso, acciones, decisión. Y que ante las barreras que se encuentren, los funcionarios, como se les dijo en las reuniones de estos últimos días, deben acostumbrarse a decir “no puedo” y no “no se puede”.
Como fue declarado por nuestros próceres, como está en nuestro himno, creemos en la libertad, la igualdad, la fraternidad y la solidaridad. Sobre esas bases fue fundada nuestra nación y sobre esas bases debe continuar existiendo y tratando de resolver sus problemas. Lejos de prácticas tenebrosas, que deben quedar definitivamente en nuestro pasado.
Por un futuro con justicia y seguridad.
Por una Villa Constitución de todas y todos, para todas y todos.
